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Inmigración:Levántese y hágase contar

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Por Andrea Nill

El miércoles el Representante Joe Baca (D-CA) presentó un proyecto de ley para asegurar que todo residente estadounidense sea contado por la Oficina del Censo. Podría parecer extraño que Baca proponga una legislación que reitera un principio encontrado en la Constitución Estadounidense. Sin embargo, su proyecto tiene el fin de contrarrestar una enmienda al proyecto de la Distribución de fondos para las agencias de Comercio, Justicia, Ciencias y Agencias Relacionadas propuesta por los Senadores David Vitter (R-LA) y Robert Bennett (R-UT) que busca cortar los fondos para la encuesta del 2010 de la Oficina del Censo de EE.UU a no ser que se incluya una pregunta sobre la ciudadanía. Los senadores dicen que a no ser que los no-ciudadanos sean identificados y excluidos de distribuciones de fondos del Congreso, estados como California con muchos inmigrantes indocumentados podrán quitar representantes de estados con menos inmigrantes indocumentados como Indiana, Iowa, Louisiana, Michigan, Missisipi, Oregón, Carolina del Norte, Pensilvania, y Carolina del Sur. En el otro lado del espectro político, un conocido pastor evangélico, locutor de radio, y dirigente de la Coalición Nacional Latina de Ministros y Líderes Cristianos, Rev. Miguel Rivera, está llamando a un boicot del censo por inmigrantes indocumentados como una desafiante protesta por la falta de la reforma inmigratoria. La encuesta del censo no sólo se trata de distribuir fondos del Congreso—sino también repartir recursos federales e informar sobre decisiones políticas adecuadas que afectan a cada residente estadounidense. Es por eso que los medios de habla hispana, sindicatos, y grupos comunitarios han lanzado una campaña nacional llamada “¡Hágase Contar!“, instando a que todos llenen los formularios del censo.

REPRESENTACIÓN EFECTIVA: La Decimocuarta Enmienda requiere que los representantes sean adjudicados según un conteo indiscriminado de la población de “un número entero de personas en cada Estado”. Como resultado, no-ciudadanos, niños, ex convictos, residentes legales, y varios no-votantes son incluidos en los datos de distribución del Censo con el fin de tener una figura precisa de la composición demográfica y densidad poblacional de cada estado, algo que es clave para la representación efectiva y adecuada. La información del Censo también se usa para distribuir fondos federales y Subsidios en Bloque para el Desarrollo Comunitario que beneficia a todo residente. El Instituto Drum Major (DMI, por sus siglas en inglés) recientemente difundió un estudio donde muestra que el no contar inmigrantes indocumentados rendiría información demográfica inadecuada que resultaría en costosos errores en la planificación de infraestructura, educación, y cuidado de la salud. Estos errores podrían costarles a comunidades locales millones de dólares y los llevaría hacia carreteras peligrosas e ineficientes, además de escuelas y hospitales abarrotados. Un estudio de Pricewaterhouse Coopers de la última encuesta del Censo estimó una pérdida de $4,000 millones del 2002 al 2012 para el Distrito de Columbia y otros 31 estados afectados debido a que muchas personas no fueron contadas. Los negocios también cuentan con que la información del censo sea socialmente, económicamente y demográficamente precisa para tomar mejores decisiones de inversión. DMI incluso menciona que al no contar inmigrantes indocumentados podría detener la recuperación económica de la recesión y resultar en mala política pública.

OFENDIENDO LA CONSTITUCIÓN: Vitter y Bennett insisten que su medida es necesaria para preservar la intención original de los Padres de la Patria que querían que solo los ciudadanos fuesen contados por funcionarios del Censo con el propósito de distribuir fondos del congreso. Sin embargo, el fundador y Presidente del NDN, Simon Rosenberg, describe a la enmienda como “extraordinariamente, y ofensivamente inconstitucional.” Gabriel Winant de la revista Salón explica que “el siglo 18 tiene algo que decirle al 21.” La decimocuarta enmienda fue adoptada después de la Guerra Civil para refutar el Compromiso de Tres-Quintos—el cual estipuló que cada esclavo sea contado como tres quintos de una persona—y al contrario garantizó que toda persona en EE.UU sea contada igualmente. También se ve improbable que los Fundadores no reconocieron un error o que no tomaron en cuenta el hecho de que millones de inmigrantes de Suecia, Noruega, Dinamarca, y varias regiones de lo que se convertiría en Alemania estaban rápidamente emigrando hacia EE.UU durante la primera era de mayor inmigración hacia este país. En fin, no se emplea un lenguaje en la enmienda donde se estipule un cambio en la manera en que representantes son adjudicados, sin embargo, las implicaciones son claras. Una pregunta de ciudadanía en sí seguramente disuadirá a muchos no-ciudadanos de participar. Por último, Vitter y Bennett se les sale el tiro por la culata al supuestamente abogar a favor de muchos de los estados que han crecido y beneficiado de una reciente afluencia de inmigrantes indocumentados, pero a la vez también amenazan los fondos federales que esos estados necesitan para sus residentes. Adicionalmente, el Departamento de Comercio dice que incluyendo dicha pregunta costará cientos de millones de dólares.

METODOS MAL EMPLEADOS PARA UN FIN NOBLE: El Rev. Rivera demanda “acción radical” de parte de los inmigrantes indocumentados en la forma de un boicot al Censo para la reforma inmigratoria integral. “Si no podemos contar en el gobierno, ¿por qué vamos a ser contados?,” demanda el presidente de la Hermandad Mexicana Latinoamericana, Nativo López, quien también está llamando a un boicot. Grupos que han salido en contra del boicot no están en desacuerdo con su fin, ni “prefieren ser clientes del censo” como alega Rivera, al contrario, ellos están preocupados sobre qué significaría para las comunidades en términos de fondos y representación adecuada si muchos latinos no participan. “Esto se está formando en una tormenta perfecta cuando se trata del Censo y los latinos,” dijo Arturo Vargas, director ejecutivo del National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO, por sus siglas en inglés) que está encabezando “¡Hágase Contar!” New America Media reporta que un boicot exitoso podría costarle al país $25,000 millones en la próxima década, por lo que la presidenta de NALEO Sylvia García dice que la comunidad latina podría perder $800 por cada persona que no participa. Más que eso, los latinos dejarían escapar una oportunidad que se presenta sólo una vez cada diez años para obtener el tipo de representación política que la falta de la reforma inmigratoria señala que necesitan y que la Constitución dice que merecen.